Políticas públicas para una cultura libre. Tema 2 #encirc14

Continuando con el curso online «Arte y cultura en circulación: políticas públicas y gestión de lo común», avanzamos hacia la segunda clase, esta vez sobre políticas públicas de cultura libre.

Introducción

En la primera clase del curso abierto #encirc14 conversamos acerca de que el derecho a la participación cultural implica el derecho de todas las personas a crear, compartir, recrear y disfrutar las obras y manifestaciones culturales. De ahí la necesidad de asegurar un conjunto de bienes culturales comunes y libres que se enmarcan en lo que se llama cultura libre, y que implica una crítica profunda de las actuales instituciones de la propiedad intelectual.

Si bien ese conjunto de bienes culturales comunes puede ser generado por la sola voluntad de creadoras y creadores que comparten sus obras bajo licencias libres, dicha voluntad sigue enmarcada en una visión de la propiedad intelectual que toma en cuenta principalmente a los titulares de derechos de autor, antes que a la sociedad en su conjunto y a los usuarios de cultura en particular. Es decir, son libres los usos de las obras cuyos autores así lo dispusieron, haciendo uso de sus derechos de propiedad intelectual.

Pero allende estos derechos, se encuentran las obras que nos pertenecen ya a todos, porque pasaron a formar parte de un patrimonio común: el denominado Dominio Público, formado por obras cuyos derechos han expirado por vencer el plazo de restricción que marca la ley (generalmente, varias décadas después de la muerte del autor). En una clase posterior nos dedicaremos en profundidad al dominio público, pero es importante mencionar ahora que el dominio público también es importante para garantizar el derecho a la participación cultural.

En resumen, los bienes comunes culturales pueden ser alimentados por autores que liberan sus obras, y por el paso del tiempo que libera obras hacia el dominio público. ¿Pero qué pasa con todo el resto de las expresiones culturales? Ninguna de estas dos fuentes de bienes comunes modifica en esencia las fuertes restricciones que pesan sobre el derecho a la participación cultural para el caso de la mayor parte de las obras culturales del último siglo. El licenciamiento libre o abierto, como medida individual y voluntaria, es entendido por varios movimientos solamente como un “parche” a las restricciones que imperan como norma general, mientras que la entrada de obras a dominio público (además de que es un proceso que se ha venido dilatando) no garantiza de por sí el acceso de la gente a las mismas si no se toman medidas adicionales, que efectivamente las pongan a disposición.

Hacen falta reformas a las leyes de propiedad intelectual para que estas no obturen los derechos de las personas en relación a la participación cultural, y hacen falta también políticas públicas que fomenten la libre creación y circulación de obras actuales y la defensa de las obras del pasado que forman parte del dominio público. En definitiva, hacen falta políticas públicas para una cultura libre.

De las industrias culturales a la economía social de la cultura

Las políticas culturales se orientaron tradicionalmente a construir una “cultura nacional” promoviendo en cada país el desarrollo de las bellas artes y la alta cultura de manufactura nacional. Más adelante, estas políticas han reconocido un concepto más amplio de cultura, que incluye a las manifestaciones populares bajo un enfoque de diversidad cultural. En las últimas décadas aparece, primero en Europa y Estados Unidos, y luego en otras partes del mundo, un nuevo paradigma centrado en la promoción de industrias culturales que fabrican bienes y servicios culturales, bajo la premisa de que la cultura es un sector prometedor en el tránsito hacia una “economía del conocimiento”.

Como explica Pablo Ortellado, las políticas públicas culturales han variado en función de estas concepciones. En distintos momentos y lugares han primado distintos enfoques.

El enfoque de las industrias culturales ha ganado terreno en los discursos y acciones. Al considerarse que la cultura es un sector de la economía a dinamizar y que las expresiones culturales son bienes a valorizar en el mercado, el enfoque de la industria cultural impulsa a los países a competir en el mercado global y a convertirse en exportadores de cultura. La política cultural se convierte en política de fomento industrial y se desarrollan instrumentos que tienen que ver con el aumento de la productividad y la competitividad. Las personas que trabajan en la cultura son impulsadas o bien a convertirse en emprendedores a quienes se provee de capacitación e incluso de crédito, o bien a conseguir partners en el sector de la responsabilidad social empresarial. La propiedad intelectual pasa al centro de la escena y se promueve la “protección” de la industria nacional mediante un mayor control sobre la circulación de las obras. Se instala en foros internacionales y administraciones públicas la idea de que todos los países pueden obtener ventajas de los mercados de la propiedad intelectual (que además del derecho de autor, incluye marcas y patentes).

¿Qué tan cierto es esto? ¿Todos los países y todos los trabajadores de la cultura pueden competir en igualdad de condiciones en un mercado de propiedad intelectual? Según datos del Banco Mundial reelaborados en el blog Psicofonías, los países que son exportadores netos de bienes de propiedad intelectual son apenas un puñado. La gran mayoría, incluyendo a muchos países desarrollados, son importadores netos de estos bienes, es decir, pagan más de lo que cobran por el uso de bienes intangibles, entre ellos, los culturales. Esa diferencia entre pagos y cobros va a parar casi exclusivamente a Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Francia y Suecia. Uno de los ejemplos más tangibles de este fenómeno se da en el mercado internacional del cine, dominado casi por completo por Hollywood, que cuenta con una estructura de marketing, distribución y comercialización que la hace hegemónica a nivel internacional, con la consiguiente transferencia de ingresos hacia las corporaciones de origen estadounidense. Como es lógico, estas corporaciones del cine son las principales promotoras de la elevación de los plazos de restricción de propiedad intelectual, así como del aumento de la represión hacia las prácticas de acceso informal en todo el mundo.

El enfoque de la industria cultural puede resultar atractivo porque parece tomar en cuenta la economía: nos propone que exista un grupo de profesionales, emprendedores y trabajadores que puedan “vivir de la cultura”. Aunque sacrifiquemos bienestar al restringir la circulación abierta y gratuita de la cultura, estaríamos ganando en desarrollo económico. Y si medimos el desarrollo y el bienestar en términos de PBI, puede que hasta este enfoque sea razonable, ya que permite ver a la cultura como un sector generador de divisas, en lugar del enfoque tradicional de cultura únicamente como gasto social, y en cierta medida como “lujo”. Hay quienes opinan que un gasto estatal elevado puede volverse insostenible, y promueven en cambio la empresarialización de los trabajadores culturales, lo cual en teoría brindaría más autonomía a los trabajadores y bajaría el gasto público.

Jaron Rowan hace una dura crítica a este enfoque de empresarialización de la cultura. En su libro “Emprendizajes en cultura”, muestra cómo las políticas públicas de empresarialización de las últimas décadas no han generado los efectos esperados. El reemplazo de instrumentos de ayuda a la cultura y de protección social por instrumentos de crédito y capacitación empresarial, en un sector mayormente compuesto por agentes y colectivos orientados por fines no empresariales, ha tendido a precarizar el trabajo cultural y a debilitar el tejido comunitario de la cultura.

¿Se podría promover otro tipo de economía asociada a la cultura? Se han propuesto los conceptos de “economía social de la cultura” y de «economía social del conocimiento» como alternativas que en lugar de hacer énfasis en la empresarialización y la propiedad intelectual, permiten el fomento de una cultura libre.

En su artículo “A Economia criativa e a economia social da cultura”, Pablo Ortellado contrasta el paradigma de las industrias creativas con el de la economía social de la cultura, que implementó la gestión Gilberto Gil / Juca Ferreira en el Ministerio de Cultura de Brasil entre 2003 y 2010.

Los principales aspectos del paradigma de economía social de la cultura son:

– El reconocimiento positivo de las prácticas culturales asociadas a las nuevas tecnologías
– En lugar de la cadena de valor lineal típica de las industrias, el fomento de redes de intercambios distribuidas
– La búsqueda de mejorar el equilibrio y colaboración entre creadores, intermediarios, usuarios
– El desarrollo de políticas que apoyan y protegen Internet, fomentan el dominio público y promueven el licenciamiento abierto
– La concepción de Internet como un espacio social y no como un mero canal de distribución comercial
– La orientación de la actividad cultural hacia la satisfacción de necesidades de la comunidad
– La promoción de procesos de deliberación y articulación de actores
– El apoyo en infraestructuras, fondos de incentivo cultural, etc.

Por su parte, el gobierno ecuatoriano ha intentado impulsar en los últimos años un proceso de desarrollo basado en la economía social del conocimiento. En 2014 tuvo lugar en Ecuador el proyecto FLOK / Buen Conocer, donde académicos y activistas de todo el mundo se unieron para realizar aportes teóricos y empíricos con el fin de sentar las bases conceptuales para una sociedad del conocimiento común y abierto. Se espera que estos aportes se transformen en políticas públicas en los próximos meses.

Vale aclarar que los paradigmas de industrias culturales y de economía social de la cultura o del conocimiento nunca se dan en estado puro en la realidad. Por lo general, los países adoptan paralelamente medidas en un sentido y en otro. En otras palabras, ambos modelos suelen convivir en la realidad, no sin conflictos y tensiones.

Estrategias para promover las prácticas y los agentes de cultura libre

¿Cómo se puede promover desde el sector público el paradigma de economía social de la cultura, para aportar a una cultura más libre? Existen múltiples estrategias y medidas posibles, dependiendo del contexto de cada país. Veamos, en líneas generales, algunas posibilidades que han sido sugeridas o ya se están implementando en diversas regiones. No todas son explícitamente políticas de cultura libre, pero podrían ser aportes sustanciales para posibilitar una cultura libre:

– El libre acceso y reutilización de las obras intelectuales financiadas con fondos públicos. Este objetivo incluye una política de licenciamiento libre de materiales culturales, educativos, técnicos, científicos y académicos financiados a través de sueldos estatales, fondos, concursos u otros mecanismos de financiamiento público. Asimismo, incluye la creación de repositorios públicos para el acceso libre a dichos materiales. En este sentido, en varios países se están creando, por ejemplo, leyes para el acceso abierto a materiales académicos, como en Argentina (Ley 26899: Creación de Repositorios Digitales Institucionales de Acceso Abierto, Propios o Compartidos), y se generan redes de repositorios de dichos materiales, como La Referencia. Estos son ejemplos de políticas para permitir el libre acceso, que podrían avanzar en el futuro hacia la libre reutilización mediante licencias copyleft.

– El rescate y puesta en circulación del dominio público y, más en particular, de los bienes culturales que albergan los museos, archivos y bibliotecas. Un aspecto central de esta tarea es la digitalización de los acervos, hecha con hardware y software libres, y su puesta a disposición en Internet utilizando formatos abiertos. Estas políticas implican la redefinición de las tareas y estrategias de las instituciones públicas. En la medida que se abarata el acceso a dispositivos digitales y aumenta la conectividad, los intercambios simbólicos se transforman y muchas instituciones, como las bibliotecas, cinematecas y museos, deben también transformarse. Las instituciones pensadas para brindar acceso a obras culturales deben repensarse radicalmente, como parte de redes de conocimiento libre, para seguir cumpliendo su función. Un ejemplo de este tipo de propuestas es Europeana, repositorio de obras culturales europeas.

– La provisión de infraestructura tecnológica para apoyar a artistas y gestores culturales en la producción cultural, con la contraparte de que las obras producidas por los artistas con dichas infraestructuras retornen a la comunidad con licencias libres.

– La recuperación de espacios urbanos en los cuales los ciudadanos desarrollen proyectos culturales orientados a dar soluciones a problemas de la comunidad (medialabs, hacklabs, etc).

– La creación y apoyo de redes culturales independientes donde tienen lugar encuentros, intercambios libres y aprendizajes comunes que fortalecen la cultura y facilitan su circulación. Ejemplos importantes en Latinoamérica son la red Fora do Eixo (Brasil) y telArtes en Bolivia que se desarrollaron desde colectivos culturales de base y tras ganar fuerza, comienzan a ser apoyados por los gobiernos.

– Financiamiento del consumo cultural. Pablo Ortellado propone en su artículo “O vale-cultura e a tutela dos pobres” que las políticas culturales no solo deben financiar la producción de cultura sino también, de manera complementaria, el consumo cultural. Esto permite un acceso más democrático no solo a obras digitalizables, sino también a experiencias culturales como el teatro, el carnaval, la danza, etc.

– Dado que en América Latina gran parte del consumo cultural no se da a través de los canales oficiales, sino a través de la llamada “piratería”, tanto la que se da en ferias y mercados, como a través del intercambio de archivos en Internet, varios gobiernos, en particular los de Ecuador y Bolivia, han intentado articular acuerdos entre los productores de bienes culturales y los vendedores informales de ferias. Así, han logrado, con relativo éxito, bajar el precio de películas y discos locales, al tiempo que los autores obtienen ingresos por esas ventas y la actividad de los vendedores deja de ser considerada ilegal.

Adicionalmente, se ha pensado en la implementación de otras propuestas más audaces y novedosas, muchas de las cuales todavía no son realidad. Este tipo de propuestas buscan acercarse, de uno u otro modo, a políticas universales que garantizan el derecho a participar en la vida cultural, al tiempo que aseguran la libertad de los usuarios para acceder y disfrutar del arte y la cultura. En el siguiente listado presentamos algunas ideas que surgieron en las conversaciones de la Mesa de Cultura Libre de la Cumbre del Buen Conocer de mayo de 2014:

– Los “concursos” de necesidades culturales, que invertirían la lógica tradicional de los fondos culturales, en los cuales los artistas y gestores proponen proyectos. En este caso, la comunidad expresaría qué es lo que necesita, y luego se llamaría a los actores culturales apropiados para solucionar ese problema.

– En un sentido complementario a la idea anterior, se ha propuesto el apoyo estatal al microfinanciamiento y la colaboración comunitaria de proyectos culturales. Esto consiste en mecanismos por los cuales las personas proponen sus ideas a la comunidad y reciben apoyo económico y humano para concretarlas, a cambio de que los procesos y resultados queden libres para toda la sociedad. El Estado puede jugar aquí un rol clave, apoyando los proyectos que obtienen el aval de la comunidad.

– Plataformas para la promoción y distribución de obras con licencias libres, que permitirían visibilizar a los artistas que optan por modelos sostenibles de producción cultural, y a los cuales la industria y las sociedades de gestión de derechos de autor muchas veces discriminan.

– El financiamiento cultural para el derecho a producir cultura. En su artículo “Da compra de produtos e serviços culturais ao direito de produzir cultura», Luciana Lima y Pablo Ortellado proponen que el financiamiento no se centre en productos culturales de consumo final (una película, una obra de teatro, un disco, etc.), sino en los procesos de creación, investigación y experimentación previos. El financiamiento tradicional en cultura no permite considerar: a) los procesos de innovación y experimentación no directamente relacionados con el producto; b) el tiempo de dedicación de los productores de cultura a dichos procesos y c) las aportaciones desde el procomún y para el procomún que se generan en los mismos. Todos estos aspectos suelen quedar invisibilizados y, a consecuencia de ello, se reduce la libertad creativa y se precariza la actividad de los creadores al reconocer únicamente la etapa final de producción y difusión de bienes y servicios culturales, reduciendo así su capacidad para realizar aportes sustantivos al procomún y al bienestar general. Los autores proponen entonces un modelo de financiamiento público que permita apoyar procesos creativos de largo aliento. Procesos en los que sea posible investigar, experimentar e innovar sin las presiones por obtener un producto de consumo final. Este tipo de financiamiento debería incluir una contrapartida de acceso: precios bajos o gratuidad en el acceso a obras materiales y performáticas, y liberación de los derechos de autor, garantizando la libertad de los usuarios para acceder y disfrutar del arte y la cultura.

– Otra propuesta que se orienta hacia garantizar el derecho a producir cultura es el bono para la libertad artística descripto por Ricardo Restrepo. Este bono permitiría repartir fondos entre los artistas que liberan sus obras, en base a las preferencias de los ciudadanos.

Complementarias a las políticas culturales, otras políticas más generales influyen en el fortalecimiento de una economía social de la cultura:

– Una educación pública gratuita y universal promueve la circulación de bienes culturales, ya que una sociedad con niveles educativos más altos, es un campo fértil tanto para la creación como para el consumo cultural.

– Una Internet libre, universal y abierta donde los ciudadanos pueden expresarse y comunicarse de forma democrática facilita la circulación de una mayor diversidad de expresiones culturales.

La reforma del derecho de autor

Toda política pública se encuentra limitada por el marco normativo en el que se desenvuelve. En el caso de las políticas de cultura libre, como ya vimos, la principal limitación es la regulación de propiedad intelectual. Por esta razón, cualquier abordaje integral desde el Estado para promover la cultura libre no estaría completo sin una revisión de la legislación de derecho de autor. ¿Qué tipo de revisiones de estas leyes se podrían hacer? Existen varias propuestas al respecto. Una de las más integrales es la lista de 14 elementos para la reforma del derecho de autor, de Philippe Aigrain. Otra propuesta integral es el Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento que actualmente se está redactando de manera colaborativa en Ecuador.

El espíritu de estas reformas es:

– Pasar de tener una legislación prohibicionista a otra que, de forma positiva, promueva la preservación del dominio público y los bienes culturales comunes

– Lograr un mayor equilibrio entre autores, intermediarios y usuarios

– Incorporar una lista de usos legítimos de obras culturales en función del interés social

En suma, mientras que en la primera clase conversamos sobre la definición de cultura libre y las herramientas de licenciamiento que todas y todos tenemos a nuestro alcance, en esta segunda semana buscamos dar un paso adelante en la conversación. La intención de esta clase es investigar el rol del Estado en la construcción de una cultura libre. Para ello, hemos conocido algunos caminos y experiencias que se abren en materia de política pública, con la intención de analizarlas y reflexionar sobre cuáles de ellas se adecuan mejor a nuestros países.

Bibliografía recomendada

• Evelin Heidel y Ezequiel Acuña. «De piratas a capitanes: la dinámica economía del mercado de películas en Ecuador».
• FLOK Society. «Cultura libre y abierta. Propuestas de política pública para la economía social del conocimiento».
• Jaron Rowan. «Emprendizajes en cultura».
• Luciana Lima y Pablo Ortellado. «Da compra de produtos e serviços culturais ao direito de produzir cultura: análise de um paradigma emergente».
• Pablo Ortellado. «A economia criativa e a economia social da cultura».
• Pablo Ortellado. «O vale-cultura e a tutela dos pobres».
• Philippe Aigrain. «Elementos para una reforma integral del sistema de derecho de autor».
• Psicofonías. «El precio de la Propiedad Intelectual».
• Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de Ecuador. «Código Orgánico de Economía Social del Conocimiento e Innovación».

Tarea de la semana

¿Alguna vez soñaste con un proyecto de cultura libre que se desarrolle desde el sector público? En esta clase la tarea consiste es elegir una de las estrategias para promover la cultura libre que hemos explicado arriba, y a partir de ella, hacer una propuesta concreta para tu país, región o ciudad. Por ejemplo, ¿siempre soñaste con una biblioteca municipal digital? ¿Estuviste pensando cómo las instituciones públicas pueden apoyar a los artistas locales para publicar música libre y promover sus canciones? Cuenta en tu espacio personal de publicación la política pública de cultura libre de tus sueños. Sin límites, con la mayor libertad y poniendo tu imaginación al servicio de los bienes comunes culturales. Envía tu tarea usando en el siguiente formulario.

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