Algunas reflexiones sobre la protección del copyright en los países del sur

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Cuando a un país se le pide que como política cultural refuerce la protección del copyright, lo que indirectamente se le está pidiendo es que proteja los intereses comerciales de Estados Unidos, no la cultura nacional. A esta conclusión, entre otras, nos permite llegar la brillante y exhaustiva investigación «Piratería de medios en las economías emergentes», cuya edición estuvo a cargo de Joe Karaganis. Con el aumento de la protección del derecho de autor, lo que se obtiene a nivel global es una formidable transferencia de ingresos en dirección Sur – Norte, que deriva del saldo comercial de los bienes protegidos: los países del Tercer Mundo son importadores netos de bienes con copyright. En cambio, cuando se flexibilizan estas normas (por ejemplo, mediante la adición de excepciones para bibliotecas y escuelas, o para personas con discapacidad) o cuando la práctica social predominante las contraviene, se genera una transferencia de ingresos en dirección Norte – Sur: la población accede libremente a bienes culturales con valor, ahorrando un dinero que luego se puede volcar a alimentación, vivienda, salud, etc. A los países del tercer mundo les conviene, en términos generales, tener leyes de derechos de autor más permisivas.

Si atendemos a la cronología del endurecimiento de las regulaciones internacionales de propiedad intelectual (en especial a las negociaciones de ADPIC, pero también se aplica al fracasado ACTA), veremos que los estados que impulsaron o forzaron esos acuerdos fueron principalmente Estados Unidos, Japón y, en menor medida, la Unión Europea. Esto es, los principales productores de conocimiento comercial. Dichos estados, a su vez, actúan en articulación con un conglomerado de industrias multinacionales y grupos de presión dependientes de ellas, que abarcan desde los gigantes del software hasta las farmacéuticas, pasando por los 3 grandes grupos de discográficas (Warner, Universal, Sony) y los estudios de Hollywood, entre otros. La estrategia unívoca consiste en amenazar con sanciones comerciales a los países que no cumplen las aspiraciones de la industria. Dentro de cada país, las cámaras empresarias y grupos anti-piratería están integradas por las filiales locales de las mismas compañías internacionales, las cuales cumplen el rol de vigilar el desempeño de los gobiernos y enviar reportes a las sedes centrales.

En ningún caso estas regulaciones han surgido por interés de los artistas, de los autores, de los científicos o inventores. Lo que se ve en el campo de la cultura, más bien, es que la situación de la gran mayoría de los artistas (y sobre todo de los artistas que no son megaestrellas, los artistas locales, independientes) ha sido precaria desde siempre y sigue siendo precaria, a pesar de la gigantesca inflación de leyes represivas y esfuerzos punitivos.

Si queremos hablar en serio del problema de la sostenibilidad de los artistas, la discusión no pasa por el copyright. Debemos hablar, por ejemplo, del acceso universal a infraestructuras para la producción y la difusión cultural, de la creación de escenas culturales locales y regionales, del apoyo económico, técnico y logístico, por parte del Estado, a proyectos culturales socialmente valiosos, del impulso a un mercado doméstico de la cultura, con empresas pequeñas y medianas preocupadas por trabajar con artistas locales y por competir en el mercado con precios razonables.

Las leyes durísimas de copyright no resuelven la eterna pregunta “de qué va a vivir el artista”. En cambio, generan pérdidas para nuestros países y un escenario en el cual pesan restricciones enormes para el acceso a materiales educativos, científicos y culturales. Peor todavía, la criminalización de prácticas cotidianas, que hace que gran parte de la población cometa a diario delitos penales contra la propiedad intelectual, siembra el terreno para una peligrosa discrecionalidad en materia punitiva. Estamos ante una perspectiva de desastre en gran medida análoga a la de la “guerra contra las drogas”, que tanto daño ha hecho en América Latina. Leyes que criminalizan a enormes capas de la sociedad y que se aplican de manera selectiva contra grupos determinados por razones políticas, disputas comerciales, o como meros gestos teatrales “ejemplarizantes”.

La pregunta es ¿vale la pena?