Cultura radical: acceso al cine en una ciudad latinoamericana

Hoy viernes 24 de noviembre se estrena el documental Cultura radical, producido por Nodo Común y Red-acción. El film reúne, a lo largo de 26 minutos, los testimonios de cuatro vendedores de películas de la ciudad de Cochabamba, Bolivia, que comparten el interés por el cine de autor, así como la preocupación por ofrecer a sus clientes películas de buena calidad, muchas veces difíciles de conseguir.

A medida que avanzan las entrevistas, queda claro que todos ellos, y probablemente la gran mayoría de las personas dedicadas a este trabajo en Bolivia, lo hace de manera informal. Es decir, obtienen las películas a través de copias digitales hechas por ellos mismos o por mayoristas, reproducidas mediante equipos e insumos baratos. Como cuenta uno de los entrevistados al referirse a los cambios en las formas de producción:

“Hay un grupo de peruanos que vende películas en cantidades, y al principio les compraba a ellos. Pero de 20 películas que compraba, 10 estaban mal, o se rayaban, o patinaban. Entonces decidí acceder a sitios de torrents, desde donde tú puedes buscar, descargar y producir el material. De hecho produzco todo lo que ves aquí.”

Lo que se ve allí, y en el resto de los locales filmados en Cultura radical, es un conjunto de estanterías con miles de DVD de los más diversos autores, épocas, géneros y países. Materiales que nunca fueron distribuidos oficialmente en Bolivia, pero que, a través de personas como las entrevistadas, llegaron a ser conocidos por la población de ese país.

Lo que esta película nos muestra, una vez más, es que la llamada “piratería” llena el espacio de las necesidades culturales no satisfechas por el mercado legal. Estas necesidades no incluyen únicamente el consumo de los últimos estrenos mainstream, que quizás es el que más fácilmente se satisface, sino también el acceso a un cine más restringido en su circulación: el cine “arte” o “cine de autor”. También el cine que se produce fuera de los Estados Unidos, abarcando desde la producción europea hasta la propia producción latinoamericana, poco conocida dentro de los países de origen y escasamente difundida en la región.

La actividad de estos vendedores informales dedicados al nicho del cine de calidad no solo satisface necesidades de consumo marginadas por el mercado. También compensa las debilidades de las instituciones culturales locales, como archivos cinematográficos y cinetecas, que por las leyes restrictivas de derecho de autor no están autorizadas a digitalizar, preservar y distribuir las películas tan ampliamente como sería deseable. En efecto, en el film vemos cómo uno de los locales también cumple el rol de brindar acceso a estudiantes y docentes de la universidad, convirtiéndose en una especie de archivo fílmico informal para una institución formal.

La realidad que muestra la película no es exclusiva de Bolivia. Como lo evidencia la investigación “Piratería de medios en economías emergentes”, editada por Joe Karaganis, se pueden observar fenómenos muy similares en países como México, Brasil, Sudáfrica, Rusia e India. Otros testimonios similares a los de los cuatro protagonistas de Cultura radical pueden verse en el documental que realizó Motherboard en 2014 sobre el Pasaje 18 del mercado Polvos Azules, en Lima, Perú:

Uno de los vendedores entrevistados en Cultura radical cree que en Bolivia no existen leyes antipiratería, y que por eso la actividad es tan común. Sin embargo, la ley que rige la reproducción y distribución de contenidos con derechos de autor en Bolivia es similar a las de otros países de la región y del mundo. La ley no permite que estas películas sean copiadas sin autorización. De hecho, los países como Bolivia son forzados a tener estándares de protección cada vez más altos a través de tratados internacionales y acuerdos comerciales que obviamente no se ajustan a las necesidades de fomento de la cultura local, sino a los intereses de la industria cultural internacional. El Departamento de Comercio de Estados Unidos suele utilizar contra estos países su famoso “Informe Especial 301”, donde anualmente pone en evidencia la conducta “desviada” de aquellos países que no combaten la piratería de la forma esperada por el país del norte.

Sin embargo, la producción y circulación informal de cultura a través de la copia en América Latina no solo ha favorecido el acceso de la población a una vasta cantidad de obras internacionales, sino que también ha servido como facilitador de fenómenos culturales originales, como sucedió hace algunos años con la champeta en Colombia y la tecnobrega en Brasil, o con el crecimiento de una industria editorial emergente en El Alto, Bolivia.

En Bolivia, Ecuador y otros países latinoamericanos, los gobiernos han tendido a tolerar la circulación informal, reconociendo el rol social que cumple para el acceso a la cultura. En el caso de Ecuador el gobierno ha ensayado también formas inclusivas de regularizar el circuito de distribución, buscando atender de manera equilibrada los intereses y necesidades de los consumidores, de los vendedores informales y de los realizadores locales.

Qué ocurre cuando el Estado elige el camino de la represión se puede observar, en cambio, en casos como el allanamiento al videoclub Master en Buenos Aires, Argentina, que despertó el repudio de los vecinos, o como los allanamientos a fotocopiadoras en Montevideo, Uruguay, que dejó sin acceso a materiales de estudio a miles de alumnos universitarios, lo que provocó las protestas de organizaciones estudiantiles y un proyecto de reforma de la ley de derecho de autor.

¿Qué es más dañino para la cultura? ¿La llamada “piratería”? ¿O el cierre de los pocos circuitos disponibles para la difusión y el acceso, cuando no existen medios legales de democratización? Mientras que muchos estudios vienen demostrando, desde hace años, que no es la piratería la causante de los problemas de la industria cultural, el cierre de sitios web, videoclubes y cinetecas barriales puede ser irreparable.

El desarrollo de un circuito cultural nacional no debe basarse nunca en la represión, sino en el fomento a la nueva producción y en el apoyo al acceso a la producción existente. Entre otras cosas, deben cambiar las leyes de derecho de autor y deben existir políticas de digitalización del patrimonio cultural que pongan en circulación las obras que ni el mercado oficial, ni quizás siquiera el mercado informal, pondrán nuevamente al alcance de la gente.

El documental Cultura radical está disponible en el sitio web de Nodo Común y en Internet Archive. Puede verse, compartirse y reutilizarse de manera libre, dado que sus autores lo colocaron en dominio público.

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