Durante nuestra visita a Quito de fines de mayo, la ANEPI (Agencia de Noticias Especializada en Propiedad Intelectual) nos entrevistó en el marco de nuestra participación en la mesa de políticas públicas sobre cultura libre, en el proyecto FLOK. Reproducimos la entrevista publicada originalmente acá. También se puede acceder a un resumen en audio.
¿Qué es Ártica 2.0?
Ártica es un centro cultural online. La idea la desarrollamos a fines del año 2010 con mi compañera Mariana Fossati, en Uruguay. La idea era llevar a Internet lo que es un centro cultural, donde se realizan actividades culturales de distinto tipo, y pensarlo desde las lógicas de internet. En ese sentido, nosotros trabajamos mucho en la relación entre arte, cultura y nuevas tecnologías. Sobre todo lo que tiene que ver con cultura digital y cómo se da el intercambio cultural en internet.
¿Cómo está conceptualizada la cultura sostenible para Ártica?
La cultura sostenible no es nueva, es un concepto que ya existía, existieron expresiones de cultura sostenible desde las culturas tradicionales hasta en el siglo XX, con mucho de lo que se trabajó en centros culturales y cultura en el territorio. Pero nosotros quisimos enfocarlo en el sentido de cómo podemos generar modelos sostenibles de cultura con el uso de las nuevas tecnologías y en el marco de la cultura en Internet.
Entonces, la idea fue aprovechar las nuevas tecnologías digitales, que cada vez están más al alcance de todas las personas, para poder gestionar la cultura de una forma que sea sostenible, en el sentido de que brinde espacios para distintas manifestaciones culturales que a veces con los modelos más tradicionales (creador, intermediario y público) estaban más invisibilizadas. El propósito es acercar más a los creadores con el público aprovechando las nuevas tecnologías de manera de generar, por un lado, más diversidad cultural, que los actores culturales puedan llegar a un público más grande y, a la vez, que los públicos puedan tener acceso a esa cultura. Es decir, tratar de ubicar ese conflicto del modelo tradicional, en el cual los productores culturales y los públicos son casi enemigos, y pensarlos más como copartícipes de ese acto cultural.
¿Cómo puede equilibrarse el acceso?
Nosotros trabajamos sobre nuevos modelos aprovechando las nuevas tecnologías digitales, sobre todo en las artes visuales, la música, lo audiovisual y la literatura. Creemos que las leyes de propiedad intelectual y el modelo de industrias culturales, que está basado en la protección de esa propiedad intelectual, generan una especie de escasez artificial donde el beneficio se saca de privar del acceso a las personas y, en general, siempre las personas más perjudicadas son las de más bajos recursos, porque las personas de altos recursos pueden comprar todos esos productos culturales.
Entonces, nosotros vemos modelos alternativos que puedan generar ingresos para los artistas y trabajadores culturales sin crear esa barrera artificial. Trabajamos, por ejemplo, sobre modelos que tengan que ver con una comunicación cultural eficiente a través de Internet. O cambiar el modelo de la venta de productos a la generación de momentos de participación en eventos. Otra opción es la micro-financiación colectiva que puede crear un modelo en el que mucha gente haga pequeños aportes y estos les sirvan a los creadores culturales para generar sus obras, que luego se compartirán con toda la comunidad.
¿Se corre el riesgo de lograr mayor acceso al público a costa de disminuir los recursos de los creadores?
Ese es el desafío. Desde Ártica estamos empecinados en investigar estos modelos, no basados en el copyright, pero que sí generen ingresos para los artistas. Nosotros partimos de la base de un contrato ético entre los creadores y el público. No se trata de quitarles todo a los creadores, sino de generar una comunidad compartida entre los creadores y el público. Nos parece importante investigar mucho en esto y, además, cada disciplina artística tiene modelos muy distintos, pues es muy distinta la música, el cine, la literatura o la creación de materiales educativos.
Entonces, creemos que esta investigación es también muy importante a nivel político, para poder dar ejemplos concretos de casos exitosos, no solo en casos individuales, sino también de sectores, de escenas culturales que se muevan desde un paradigma nuevo con este contrato ético con el público. Porque esto nos va a servir a nivel político para decir que hay otros modelos que funcionan y que desde el Estado hay que impulsar no solamente las cadenas tradicionales, basadas en el copyright, sino también apoyar a los creadores que se manejan en este nuevo modelo.
¿Cómo aterriza la cultura libre en el proyecto de la economía social del conocimiento, que plantea Ecuador?
Nosotros creemos que las artes y la cultura se engloban dentro del conocimiento. Trabajamos desde hace algunos años sobre la idea de la economía social de la cultura, que fue puesta en marcha hace una década en Brasil por Gilberto Gil, un poco en contraposición con algunas ideas hegemónicas, como las de economía creativa o industrias creativas. Tratamos de poner énfasis en la parte social de esos mercados. La idea no es ir contra el mercado, sino generar mercados que satisfagan las necesidades culturales de la gente. Es decir, cuando los mercados están fallando por alguna razón, y en nuestros países, en Latinoamérica, se da mucho que el acceso es muy limitado, entonces, si el mercado está fallando deben generarse instancias para canalizar ese mercado para que cumpla su cometido que es, como el de todo mercado, satisfacer las necesidades.
En ese sentido, nosotros trabajamos desde hace tiempo con la idea de economía social de la cultura, tomamos el modelo brasilero y luego trabajamos en Ártica nuestro marco teórico. Por eso, cuando desde Ecuador se empezó a hablar de economía social del conocimiento, que es algo mucho más amplio, nos pareció fabuloso que se unan todas esas visiones y estamos fascinados porque todas esas ideas de economía social de la cultura y del conocimiento se pusieron a trabajar de manera súper intensiva, con mucha energía y con el aval político del gobierno.
